A partir del 8 de diciembre del año 2022 entró en vigencia el instrumento legal Lineamientos Generales para Descarga de Aguas Residuales del Subsector de Agua con Fines Industriales, Agroindustriales, Recreativos y Otros, que establece los límites máximos permisibles para los parámetros de calidad de las aguas residuales generadas por entidades que hacen uso del agua con los fines antes mencionados.
“Esto significa que ya hay un instrumento legal que obliga a aquellos que han estado contaminando por muchos años nuestros cuerpos de agua a cumplir los niveles permitidos”, explicó el Presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, Ingeniero Jorge Castaneda.
Para dar fiel cumplimiento a este mandato, la ASA ha desplegado equipos de la Comisaría del Agua, quienes están verificando que las personas naturales o empresas que vierten sus aguas residuales a ríos o cuerpos de agua cumplan con el tratamiento adecuado de las aguas residuales antes de verterlas a los afluentes.
“El énfasis en este momento es el tema de saneamiento, se han estado haciendo visitas, estamos pendientes de lo que la población salvadoreña nos está manifestando a través de las redes sociales, se han hecho visitas de campo a lo largo y ancho del país. Cerca del Plan de la Laguna hicimos una visita estos días y encontramos incumplimientos, entonces se va a proceder conforme a lo que dice el mandato de ley”, aseguró el Ingeniero Castaneda.
A quienes no cumplan con los lineamientos establecidos se les aplicará el régimen de sanciones establecido en la Ley General de Recursos Hídricos, donde se contemplan infracciones leves, graves y muy graves, con multas hasta de diez mil salarios mínimos del sector comercio y servicios, que es aproximadamente unos 3.65 millones de dólares, explicó el funcionario.
ASA cuenta con un Tribunal Sancionador para recibir y atender denuncias referentes a la violación, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones de la Ley de Recursos Hídricos.
Para establecer una sanción se hace un proceso ya establecido en la ley y los reglamentos especiales: se levanta evidencia, luego entra en funcionamiento el Tribunal Sancionador, hay una fase en el que se pide la información que sustente la prueba, hay oportunidad para descargo y, terminadas las fases, hay una resolución final que puede ser una sanción.
El Tribunal Sancionador puede solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelación de autorizaciones, permisos y registros.
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